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La extradición desde Brasil no es automática. El art. 82 de la Ley de Migración (Lei 13.445/2017) enumera nueve situaciones en las que Brasil no concederá la entrega, y ninguna extradición se concede sin pronunciamiento previo del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre su legalidad y procedencia. La entrega solo se efectúa después de que el Estado solicitante asume los seis compromisos del art. 96.

Brasil puede negarse a entregar a una persona reclamada por otro país: la extradición desde Brasil está sujeta a causas de rechazo escritas en la ley, a un rito judicial ante el Supremo Tribunal Federal y a condiciones que el Estado solicitante debe aceptar antes de recibirla. Este artículo recorre esas tres capas y sus plazos. Si usted es extranjero y vive, trabaja o está de paso en Brasil, o si un familiar suyo está en esa situación, entender el procedimiento es lo que permite construir la defensa a tiempo, y no descubrir las reglas cuando el plazo de diez días ya corre.

El punto de partida suele ser una alerta roja de Interpol o un pedido llegado por vía diplomática. Nada de lo que sigue es una guía para evitar la acción de la justicia: ante un pedido de extradición, la respuesta correcta es comparecer, constituir abogado en Brasil y defenderse dentro del proceso.

¿Brasil puede negarse a extraditar a un extranjero?

Sí. El art. 82 de la Ley de Migración (Lei 13.445/2017) enumera nueve situaciones en las que Brasil no concederá la extradición. No son una facultad discrecional del gobierno, sino causas legales que la autoridad judicial verifica en cada pedido.

• La persona reclamada es brasileña nata.
• El hecho que motiva el pedido no es delito en Brasil o en el Estado solicitante.
• Brasil es competente, según sus leyes, para juzgar el delito imputado.
• La ley brasileña impone al delito pena de prisión inferior a dos años.
• La persona está respondiendo a proceso, o ya fue condenada o absuelta en Brasil, por el mismo hecho.
• La punibilidad está extinta por prescripción, según la ley brasileña o la del Estado solicitante.
• El hecho constituye delito político o de opinión.
• La persona tendría que responder, allá, ante un tribunal o juzgado de excepción.
• La persona es beneficiaria de refugio, en los términos de la Ley 9.474/1997, o de asilo territorial.

La segunda hipótesis es la que más discute la defensa: es la doble tipificación. Si la conducta descrita por el país solicitante no corresponde a un delito en la ley brasileña, el pedido no prospera, aunque allá sí lo sea.

¿Qué pasa si el delito ya prescribió según la ley brasileña?

La extradición no se concede. El art. 82, VI de la Ley de Migración veda la entrega cuando la punibilidad está extinta por prescripción según la ley brasileña o según la del Estado solicitante: basta que una de las dos legislaciones considere prescrito el hecho.

¿Hace falta un tratado de extradición para que Brasil entregue a alguien?

No hace falta. Brasil puede actuar con base en promesa de reciprocidad recibida por vía diplomática, hipótesis que el art. 84, §2 de la Ley de Migración contempla expresamente cuando no hay tratado. La ausencia de tratado bilateral no impide el pedido; solo cambia el instrumento en que se apoya.

Donde sí hay tratado, este pesa. El art. 122 de la Ley de Migración dispone que su aplicación no impide el tratamiento más favorable asegurado por tratado del que Brasil sea parte; el art. 111, dentro de esa misma reserva general de la ley, menciona expresamente los tratados firmados en el ámbito del Mercosur. El propio plazo de sesenta días del art. 84, §4 solo rige a falta de disposición específica en tratado.

¿Qué tratado se aplica si usted es de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia o Chile?

Para esos países existe un marco regional propio. El Acuerdo de Extradición entre los Estados Partes del Mercosur fue concluido en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998 y promulgado en Brasil por el Decreto 4.975/2004, que registra su entrada en vigor para Brasil el 1º de enero de 2004. Un acuerdo paralelo del mismo año, promulgado por el Decreto 5.867/2006, extiende el régimen a Bolivia y Chile.

La consecuencia práctica es concreta: cuando el pedido viene de un país alcanzado por el acuerdo regional, ese instrumento rige los puntos que él mismo disciplina y la Ley de Migración se aplica en lo demás. El art. 2º del Decreto 4.975/2004 aclara que, en su aplicación por Brasil, corresponde al Supremo Tribunal Federal juzgar la extradición y apreciar el carácter de la infracción.

¿Y si usted es de Perú o de Venezuela: hay tratado con Brasil?

Sí, en ambos casos hay tratado bilateral. Con Perú rige el Tratado de Extradición celebrado en Lima el 25 de agosto de 2003, promulgado por el Decreto 5.853/2006, con entrada en vigor internacional el 30 de junio de 2006. Con Venezuela rige el tratado de 1938, promulgado por el Decreto 5.362, de 12 de marzo de 1940. Sin tratado, el camino es la promesa de reciprocidad.

¿Qué puede alegar realmente su defensa ante el STF?

La defensa es deliberadamente estrecha. Según el art. 91, §1 de la Ley de Migración, se presenta dentro de los diez días contados desde el interrogatorio y solo puede versar sobre la identidad de la persona reclamada, defecto de forma de los documentos o ilegalidad de la extradición. Es lo que se conoce como contenciosidad limitada.

El Supremo Tribunal Federal no vuelve a juzgar la acusación extranjera: examina si el pedido cabe dentro de la ley y del tratado, no si la persona es culpable. Por eso una defensa eficaz se construye sobre las causas del art. 82, sobre los defectos formales de la documentación y sobre los compromisos exigidos al Estado solicitante.

¿Hay recurso contra la decisión del STF?

No lo hay. El art. 90 de la Ley de Migración establece que ninguna extradición será concedida sin pronunciamiento previo del Supremo Tribunal Federal sobre su legalidad y procedencia, y que contra esa decisión no cabe recurso.

¿Pueden extraditarlo si allá le espera prisión perpetua o pena de muerte?

No sin conmutación previa. El art. 96, III de la Ley de Migración exige que el Estado solicitante se comprometa a conmutar la pena corporal, perpetua o de muerte en pena privativa de libertad, respetando el límite máximo de cumplimiento de treinta años que fija el dispositivo. Es uno de los seis compromisos formales que anteceden a la entrega.

Estos compromisos diplomáticos no son una formalidad decorativa: el art. 96 dice que la entrega no será efectivada sin que el Estado solicitante los asuma, y su ausencia o formulación deficiente es materia de alegación.

¿Una solicitud de refugio detiene el proceso de extradición?

La ley le atribuye efecto suspensivo. El art. 34 de la Ley 9.474/1997 dispone que la solicitud de refugio suspenderá, hasta decisión definitiva, cualquier proceso de extradición pendiente, en fase administrativa o judicial, basado en los hechos que fundamentaron la concesión del refugio. El art. 33 establece que el reconocimiento de la condición de refugiado obstará el seguimiento de cualquier pedido basado en esos mismos hechos.

Conviene ser claro sobre lo que eso no significa. El refugio es un derecho con requisitos propios, examinados por el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), y no un recurso procesal para ganar tiempo. Quien tiene motivos genuinos de persecución debe presentarlos con prueba; quien no los tiene se defiende por las causas del art. 82.

¿Cuáles son las etapas del proceso de extradición en Brasil?

El rito tiene una secuencia definida por la Ley de Migración, con plazos que empiezan a correr desde la detención.

• El Estado interesado solicita la prisión cautelar por vía diplomática o por autoridad central, y el pedido también puede transmitirse por el canal de Interpol (art. 84, §2).
• Tras el examen de los presupuestos formales de admisibilidad, la medida se somete a la autoridad judicial competente, oído previamente el Ministerio Público Federal (MPF), según el art. 84.
• Efectuada la prisión, y a falta de disposición específica en tratado, el Estado extranjero tiene sesenta días desde que fue notificado para formalizar el pedido (art. 84, §4).
• Al recibir el pedido, el relator designa día y hora para el interrogatorio (art. 91).
• La defensa se presenta en los diez días siguientes al interrogatorio (art. 91, §1).
• El Supremo Tribunal Federal se pronuncia sobre legalidad y procedencia, sin que quepa recurso (art. 90).=
• Autorizada la entrega, el Estado solicitante tiene sesenta días desde la comunicación diplomática para retirar a la persona del territorio; si no lo hace, es puesta en libertad (arts. 92 y 93).

¿Puede entregarse voluntariamente y le conviene hacerlo?

La entrega voluntaria existe y está regulada. El art. 87 de la Ley de Migración la permite siempre que la persona lo declare expresamente, esté asistida por abogado y haya sido advertida de que tiene derecho al proceso judicial de extradición y a la protección que ese derecho encierra; aun así, el propio artículo prevé que el pedido sea decidido por el Supremo Tribunal Federal, que en la práctica suele homologar la declaración de consentimiento.

Lo que se abandona no es el examen judicial en sí, sino el plazo de diez días de defensa del art. 91, §1, una decisión que solo debería tomarse tras un análisis técnico del caso concreto.

Si el STF niega la extradición, ¿pueden volver a pedirla por los mismos hechos?

No pueden. El art. 94 de la Ley de Migración establece que, negada la extradición en fase judicial, no se admitirá nuevo pedido basado en el mismo hecho. La decisión cierra la discusión sobre aquellos hechos, aunque no alcanza hechos distintos ni procesos que corran en Brasil. Ese es el sentido de defenderse dentro del proceso: la única decisión que produce protección duradera es la que se obtiene ante el Supremo Tribunal Federal.

Este artículo ofrece información jurídica general sobre el derecho brasileño y no constituye asesoría para un caso concreto. Cada situación depende del tratado aplicable y de los hechos.

¿Hay un pedido de extradición en su contra? La defensa se construye antes del interrogatorio

El plazo de diez días del art. 91, §1 corre desde el interrogatorio, y quien llega a esa audiencia sin defensa preparada pierde la mejor oportunidad procesal del caso.

Al frente del área de Derecho Penal de Garrastazu Advogados, la abogada Leticia Bittencourt Carvalho Bernardes construye la defensa técnica de extranjeros que enfrentan un pedido de extradición ante el Supremo Tribunal Federal, desde el examen de las causas del art. 82 hasta la verificación de los compromisos del art. 96. El equipo también acompaña pedidos de exclusión ante la CCF y cuestiones de situación migratoria derivadas de un alerta de Interpol. Con atención en línea en todo Brasil y especialistas en todas las áreas del Derecho, Garrastazu Advogados está preparada para acompañarlo en cada etapa del proceso.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto dura un proceso de extradición en Brasil?

No hay un plazo legal único para el proceso completo. La ley fija plazos para etapas específicas, pero la duración total depende del tratado aplicable, de la documentación presentada y de incidentes como una solicitud de refugio.

¿Pueden extraditarlo si tiene un proceso penal abierto o una condena en Brasil?

Según el art. 95 de la Ley de Migración, cuando la persona está siendo procesada o fue condenada en Brasil por delito punible con pena privativa de libertad, la extradición se ejecuta solo tras la conclusión del proceso o el cumplimiento de la pena, salvo liberación anticipada por el Poder Judicial o decisión de transferencia de la persona condenada.

¿La extradición concedida tiene plazo para ejecutarse?

Sí. El art. 92 otorga al Estado solicitante sesenta días desde la comunicación diplomática para retirar a la persona del territorio nacional. Si no lo hace, el art. 93 determina que sea puesta en libertad.

¿Brasil puede extraditar a un brasileño naturalizado?

El art. 82, I veda la extradición del brasileño nato, y el §5 del mismo artículo admite la del naturalizado en las hipótesis previstas en la Constitución Federal. El §3 manda observar, en casos de adquisición de otra nacionalidad por naturalización, la anterioridad del hecho generador de la extradición.

¿Quién decide si el delito es político o de derecho común?

El art. 82, §2 atribuye la apreciación del carácter de la infracción a la autoridad judicial competente. El §1 aclara que la veda del delito político no impide la extradición cuando el hecho constituye principalmente infracción a la ley penal común, o cuando el delito común conexo es el hecho principal.

¿Qué pasa si dos países piden su extradición al mismo tiempo?

El art. 85 de la Ley de Migración resuelve el concurso de pedidos: por el mismo hecho, tiene preferencia el Estado en cuyo territorio se cometió la infracción; en caso de delitos diversos, la ley fija criterios sucesivos de gravedad, orden del pedido y Estado de origen.

¿Necesita abogado en el proceso de extradición?

El art. 91 prevé que el relator nombre curador o abogado a la persona reclamada si no lo tiene. Contar con defensa constituida desde el inicio es distinto: permite preparar la alegación dentro del plazo de diez días y examinar con antelación las causas del art. 82.

Contenido revisado en septiembre de 2026, conforme a la legislación brasileña vigente.